El Arzobispo Salvatore J. Cordileone responde al Fiscal de Distrito del Condado de Marin sobre la decisión en el caso de la estatua de San Junipero Serra
La siguiente carta fue enviada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Salvatore J. Cordileone, Arzobispo de San Francisco, a la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Marin el 24 de mayo de 2023.
Estimada Honorable Sra. Frugoli y Estimada Sra. Mievis,
La asesora jurídica de la Arquidiócesis de San Francisco, Paula Carney, me ha informado de que la Oficina del Fiscal del Condado de Marin seguirá adelante con su decisión unilateral de ofrecer una “salida” a los vándalos que profanaron y destruyeron la estatua de San Junípero Serra en la propiedad de la Parroquia de San Rafael, reduciendo el cargo de delito grave a delito menor.
Permítanme decirles desde el principio: estoy perturbado pero no sorprendido. Ya he visto esto ocurrir demasiadas veces. Se nos promete justicia e igualdad de trato, sólo para desestimar nuestras legítimas preocupaciones y tratarnos como indignos de consideración. La propia escena del delito es otro doloroso ejemplo de ello, ya que los buenos agentes del Departamento de Policía de San Rafael, al parecer por orden de una autoridad superior y no por voluntad propia, se quedaron mirando cómo los vándalos cometían el delito, violando así el acuerdo que la parroquia tenía con el SRPD de intervenir si los manifestantes invadían la propiedad parroquial.
Permítanme que lo repita: los buenos agentes del Departamento de Policía de San Rafael, al parecer bajo las órdenes de una autoridad superior y no por decisión propia, se quedaron mirando cómo se cometía un delito grave en una propiedad privada y no intervinieron para detenerlo, violando un acuerdo entre la parroquia y el SRPD. ¿Comprenden el significado de esto y cómo nos hace sentir? ¿Quién dio la orden a los policías de no cumplir con su deber jurado, por el que se juegan la vida cada día? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se ha hecho rendir cuentas al responsable de esta injusticia?
Sin embargo, no hice ningún comentario al respecto por preocupación a las sensibilidades de lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad en aquel momento. Por eso me animé cuando la fiscal Frugoli acusó a los autores de este delito de un delito grave, y tuve la cautelosa esperanza de que por fin hubiera alguien en el gobierno dispuesto a actuar con justicia y a hacer lo correcto en el cumplimiento de su deber de tratar a todos los ciudadanos por igual, incluidos nosotros los católicos, a pesar de las desagradables consecuencias políticas.
Otra vez me equivoqué.
Ustedes dicen que la decisión de reducir la acusación de delito grave a delito menor se debió en parte a la “participación activa” de los acusados en el proceso de justicia restaurativa. ¿Han oído lo que he dicho en nuestra conversación anterior? La Arquidiócesis fue excluida de la conversación, y el mediador trataba a los autores como si fueran las víctimas. Considerar su participación en el “proceso de justicia restaurativa” como una motivación para atenuar el delito, cuando nos mantuvieron a distancia, es un insulto directo a las víctimas de este delito, y sólo echa más sal en nuestras heridas.
Ustedes también hablan de “una invitación a participar en un foro educativo”. ¿Invitación? ¿Es eso adecuado al delito que se cometió? Y, más concretamente, ¿por qué debería yo creer que esto ocurrirá realmente, que la “invitación” será realmente aceptada? La fiscalía del distrito nos ha engañado una vez. ¿Por qué debería creer que esta vez cumplirán su palabra? Tampoco bastará con una simple “disculpa por escrito”. He pedido que los vándalos repudien públicamente su delito y reconozcan el daño que nos han infligido. Reconocer la infracción es el primer paso de la justicia restaurativa. Un simple “lo siento” se queda lastimosamente corto para reparar el daño causado.
Para mí está claro que esta forma de actuar no se habría tomado con nadie más. De hecho, es probable que este delito se hubiera imputado como delito de odio, al menos si se hubiera perpetrado contra otros grupos minoritarios y vulnerables de personas. No obstante, me abstuve de hacer comentarios sobre el rechazo de los cargos por delitos de odio, a pesar de que se han producido más de 100 ataques contra propiedades de la Iglesia Católica en todo el país, incluida la Arquidiócesis de San Francisco, uno de los cuales consistió en que alguien disparara una bala que entró en nuestra catedral. El anticatolicismo tiene una larga y fea historia en este país. Ahora, con esta decisión, han dado la señal de que los ataques a lugares de culto católicos pueden continuar sin graves consecuencias legales.
Por favor, comprendan que, en todo esto, me he esforzado por mostrar buena voluntad y el deseo de buscar una resolución pacífica pero honesta ante este feo asunto. Reconozco de buen grado, y lo he hecho en numerosas ocasiones, que se han perpetrado horribles atrocidades contra los indígenas de California. Pero una lectura honesta del registro histórico reivindicaría a Junípero Serra de perpetrar tales atrocidades —de hecho, dio su vida por defender a los nativos de nuestra tierra—, el registro histórico real no viene al caso. Lo importante es que se cometió un delito grave: la ley no permite entrar en una propiedad privada y destruirla, sobre todo cuando la propiedad privada es un lugar de culto y la propiedad que se destruye tiene un valor sagrado para los miembros de la congregación.
Además, cuando se me propuso la idea de la justicia restaurativa, yo mismo tomé la iniciativa de sugerir que se diera el paso atípico de que en lugar de seguir el procedimiento habitual de esperar a una sentencia antes de proseguir se iniciara el proceso antes de un juicio con la esperanza de poder evitarlo. Y les recuerdo que no quiero que los acusados vayan a la cárcel por lo que hicieron. Esperaba que al hacer un esfuerzo adicional mostrando buena voluntad contribuiría a acelerar una resolución justa y equitativa.
Hace ya casi tres años que se cometió este delito, y seguimos esperando justicia. Sigo creyendo que es mejor la reconciliación, pero si ésta no puede lograrse mediante la justicia restaurativa, entonces los acusados deben ser castigados con justicia, sin tener que ir a cárcel. Tengan en cuenta que se cometió en público un delito grave e innegable, delante de la policía y grabado por una cámara. Lo que proponen Ustedes no es un castigo acorde con el delito.
Estoy seguro que saben que en nuestro país somos testigos de una creciente desconfianza del pueblo estadounidense en sus instituciones gubernamentales. Razonablemente, se percibe que los funcionarios del gobierno no velan por lo que de verdad nos beneficia, sino que toman decisiones basadas en lo que les resulta políticamente ventajoso. Lamento que cuando la fiscalía del condado de Marin tuvo la oportunidad de reconstruir la confianza, en lugar de ello Ustedes la socavaron aún más.
Haremos oír nuestra voz.
Atentamente,
Su Excia. Revma. Salvatore J. Cordileone
Arzobispo de San Francisco
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